Retiro de fondos de las AFP: las opciones que le quedan al gobierno para hacerle frente 2020

El último viernes, alrededor de las 11 de la noche, el Congreso finalmente aprobó el polémico proyecto de ley que autoriza a los ciudadanos a sacar una tajada del dinero que tienen acumulado en sus fondos privados de pensiones. Tras varios cambios, el texto que se votó establece que el retiro puede ser de hasta el 25%, con un monto máximo de S/12.900 y uno mínimo de S/4.300. También que quienes tengan menos de S/4.300 podrán sacarlo todo.

El presidente Martín Vizcarra, sin embargo, ya ha expresado su desacuerdo con esta iniciativa. En sus mensajes de mediodía, ha dicho que podría “generar distorsiones” en su plan de reactivación económica –dado que las AFP tienen dinero invertido en bonos soberanos y en el mercado peruano de capitales– y que beneficiaría a un grupo de personas que ya recibe un sueldo regularmente.

“Respetamos los poderes del Estado, pero les pedimos con mucha humildad: adyúdennos. [...] La medida del Congreso da dinero disponible a más de tres millones de personas que ahorita tienen empleo. Darles su fondo no es una prioridad en este momento”, dijo hace unos días, luego de comprometerse a plantear una reforma integral del sistema de pensiones cuando pase la crisis generada por el coronavirus.

Estas declaraciones hacen pensar que el gobierno optaría por usar todas las herramientas a su alcance para, cuando menos, demorar la promulgación de la norma. Si bien el Congreso igual tendrá la última palabra, ganar tiempo no deja de ser una estrategia útil para el Ejecutivo. ¿Qué opciones le quedan al presidente si decide seguir ese camino?

Los 15 días

El reglamento del Congreso le da a Vizcarra 15 días útiles para observar lo que ha sido aprobado por el pleno. Pero estos comienzan a contar recién desde el día que el Ejecutivo recibe la autógrafa, según el especialista en derecho parlamentario César Delgado-Guembes. Si el texto sobre las AFP llegara a Palacio el lunes, por los feriados de Semana Santa, dicho plazo se extendería hasta el 28 de abril.

Al final del pleno presencial del último viernes, el congresista fujimorista Diethell Columbus pidió que la autógrafa fuera enviada a Vizcarra esa misma noche. Sin embargo, no obtuvo respuesta del presidente del Congreso, Manuel Merino. Para que una autógrafa salga del Parlamento hace falta completar una serie de procesos, explica el también especialista en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi.

"Los técnicos tienen que corroborar que el texto final es el que se debatió y aprobó, no se puede agregar ni una coma. Luego pasa por varios sellos y después recién pasa por la presidencia del Congreso. Estoy seguro que la autógrafa todavía no ha salido. En el mejor de los casos, llegará a Palacio el martes”, explica.

Esto le da a Vizcarra hasta fines de abril para plantear sus observaciones, que pueden ser tanto de fondo como de forma. Según Rospigliosi, lo más probable es que apele –respecto al fondo– al impacto que la ley tendría sobre el sistema financiero y el Tesoro Público. En aspectos formales, en cambio, podría pedir precisiones al texto. Por ejemplo, que se aclare cuánto retiraría un ciudadano cuyo fondo es menor a S/17.200 (y su 25% no alcanza el retiro mínimo de S/4.300).

Observaciones e insistencias

Planteadas las observaciones –explica Delgado-Guembes– el procedimiento regular es que estas sean derivadas a las comisiones correspondientes. En este caso, serían las de Economía, Defensa del Consumidor y Trabajo. El sábado, el presidente del Congreso aseguró a TV Perú que las comisiones se instalarán la semana que viene.

Sin embargo, Merino también aclaró que “es potestad del Parlamento” decidir que el debate pase directamente al pleno para la aprobación por insistencia. Para exonerar las observaciones presidenciales del trámite en comisión hacen falta tres quintos de los votos representativos del Congreso en la Junta de Portavoces. Para la aprobación por insistencia, en tanto, se necesitan 66 votos.

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Pero en medio de ese proceso, el Ejecutivo tiene una opción que ya conoce casi de memoria: la cuestión de confianza. Según los especialistas, podría presentarla junto a sus observaciones a la norma. Para los analistas políticos María Alejandra Campos y Jeffrey Radzinsky, sin embargo, ello es improbable. “Es un tema impopular como para que el gobierno queme sus balas", dijo Campos.

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Los últimos cartuchos

Si finalmente el texto es aprobado por insistencia, al Ejecutivo todavía le quedarían algunas opciones para hacerle frente. Una, por ejemplo, es plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esta demanda podría venir del propio gobierno o de la Asociación de AFP, que también se ha opuesto al retiro de fondos.

Pero también hay otro recurso. Uno no del todo formal, pero posible: demorar su publicación en el diario oficial El Peruano. “Esa es una jugada absolutamente criolla, pero es una jugada al fin y al cabo”, dice Rospigliosi. Toda norma –a menos que se establezca explícitamente lo contrario, que no es el caso– solo es de cumplimiento obligatorio al día siguiente de su publicación en dicho boletín.

Según Delgado-Guembes, es algo que ya ha ocurrido en el pasado. “Durante el gobierno de [Ollanta] Humala se hizo mucho. También pasó con la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos como miembro del Tribunal Constitucional”, explica. En este último caso, además de dos impugnaciones, el nombramiento no llegó a completarse porque no había sido publicado en El Peruano.

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Pero Delgado-Guembes ve esta opción remota. “El presidente tendría que tener una bancada oficialista o algún tipo de poder en el Parlamento, como tenía Humala, para que lo defiendan”, dice. De no ser así, Rospigliosi explica que el Congreso podría citar al primer ministro Vicente Zeballos para que explique por qué la norma no es publicada, y presionarlo para que se publique.

“Es una jugada que puede aguantar un mes, dos a lo máximo. No más”, asegura el especialista. Resta ver si el gobierno de Vizcarra decide utilizar alguna de las herramientas legales que tiene a disposición.

La ley contempla cambiar cárcel por casa a mujeres embarazadas, madres con hijos menores de dos años y adultos que no hayan cometido delitos muy graves. Además, incluye un paquete de sanciones especiales para quienes infrinjan el arresto domiciliario.

El proyecto ya ha recibido la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado, sin embargo su promulgación se encuentra a la espera del veredicto del Tribunal

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Constitucional luego de que un grupo de senadores pida declarar la medida como inconstitucional por no respetar el derecho de igualdad ante la ley y la protección a la vida de los presos por violaciones de derechos humanos.