Con el con el Protocolo de Actuación Conjunta se puede ahora solicitar y dictar, de manera más rápida, medidas limitativas de derechos como allanamientos, impedimentos de salida del país, intervención de las comunicaciones telefónicas y levantamientos del secreto bancario y reserva tributaria y bursátil.
Además, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial acordó implementar acciones para la eficiente aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado y creó 60 juzgados y salas especiales para delitos de esas bandas.
